Dra. Claudia Rivera Hernández y Mtra. Guillermina Téllez Arias | La Dra. Claudia Rivera Hernández es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Postdoctora en Educación Superior y Política Pública por la Universidad de Nuevo México, USA. Doctora en Administración Pública por el IAP A. C. Autora de diversos libros sobre Política Social, Política Educativa y Desarrollo. Es Investigadora del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla donde actualmente funge como Coordinadora del Centro de Estudios para el Desarrollo Estratégico. La maestra Guillermina Téllez Arias es Maestra en Auditoría Gubernamental, Rendición de Cuentas y Gestión Estratégica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Licenciada en Derecho por la misma institución. Durante los últimos nueve años se ha desempeñado como servidora pública en los órdenes federal, estatal y municipal; principalmente en áreas de fiscalización, rendición de cuentas y tareas legislativas. Es Docente en nivel superior, en las áreas de Derecho, Administración y Comercio Internacional.

Introducción 

El debate actual sobre la gestión de los asuntos públicos se caracteriza por el uso intensivo de nuevas tecnologías de la información y el aumento de la ciudadanización en todos los espacios de la vida pública, los cuales están conectados de manera directa o indirecta con los gobiernos, sus acciones y sus procesos operativos a través de la administración pública¹Rivera Hernández Claudia, Debates Contemporáneos en torno a la Auditoría Gubernamental, Gobierno Abierto y Rendición de cuentas. Pp. 12-18., lo anterior promueve que la participación ciudadana deba ser considerada como un aspecto prioritario para los estudios que se realizan en la disciplina de la Ciencia Política. 

La necesidad imperante en la actualización de la normatividad en materia de participación ciudadana ofrece un área de oportunidad para promover la ciudadanización, la cual está intimamente ligada a la democracia. Al respecto, las cifras procesadas por la fundación Latinobarómetro, dan cuenta de la percepción sobre la democracia en México. En 2016 el 48% de los encuestados dijo preferir la democracia sobre otros sistemas de Gobierno; para 2017 se alcanzó una preferencia sólo de 38%, siendo México el país con la mayor pérdida de apoyo a la democracia de un total de 18 países evaluados²Latinobarómetro. Banco de datos de Latinobarómetro 2017, En: https://www.latinobarometro.org/latContents.jsp. Las cifras publicadas en 2018, arrojaron que sólo el 37.83% de los encuestados en México, prefieren la democracia sobre otros sistemas de gobierno³Op. cit., Banco de datos de Latinobarómetro 2018. Recuperado de: https://www.latinobarometro.org/latContents. jsp. Lo anterior muestra que en un conteo de tres años, la preferencia hacia el sistema democrático ha disminuido casi once puntos porcentuales. 

Además, México se caracteriza por ser uno de los países más desconfiados de América Latina. El mismo informe, arrojó para 2018, que el 76.3% de los 1200 encuestados en el país, consideraron que uno nunca es lo suficientemente cuidadoso para confiar en alguien⁴Ibid. 2018, lo que se traduce en bajos índices de capital social y el desgaste de la percepción sobre la ciudadanía. 

Por ello, los gobiernos, han enfocado sus esfuerzos para invertir en acciones que favorezcan la participación ciudadana en diversos espacios de gobierno. El Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatal 2016, elaborado por el INEGI, indagó cuales eran las áreas donde se presentaban más acciones tendientes a promover la participación ciudadana en el nivel estatal y municipal. Las cifras arrojaron que a diferencia del nivel municipal –donde ninguno de los 15 ítems evaluados alcanzó el 50%– el nivel estatal, muestra mayor apertura para promover acciones que favorezcan la participación ciudadana. En general se percibe que los espacios más abiertos a la participación y/o consulta ciudadana son los relacionados con: la transparencia, la vigilancia o denuncia de servidores públicos, la contraloría y el desarrollo social, ítems que obtuvieron una calificación mayor al 50%⁵INEGI, Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016. En: https://www. inegi.org.mx/temas/participacion/. Lo anterior pone en evidencia que todos estos ítems tienen en común que son mecanismos promovidos de manera institucional para fortalecer la participación ciudadana. 

Al respecto, Ziccardi⁶Ziccardi, Alicia, “Ciudades, asociaciones y decisiones públicas”, en Lucía Álvarez, Cristina Sánchez Mejorada y Carlos San Juan, Democracia y exclusión: Caminos encontrados en la ciudad de México, pp. 91-108. explica que para mejorar la gestión pública, debe existir participación, la cual en su estructura incluye a dos actores indispensables: el gobierno y la sociedad⁷CESOP. Definición. Participación Ciudadana. En: http://archivos.diputados.gob.mx/ Centros _Estudio/Cesop/ Eje_tematico/participacion%20ciudadana.htm. De tal manera que la participación ciudadana está ligada a la democracia directa, en un contexto donde el sistema democrático pierde credibilidad a pasos agigantados. 

La aplicación de mecanismos tradicionales de participación ciudadana como “las iniciativas de ley, el referéndum, el plebiscito, la consulta pública, la revocación de mandato, y la integración de consejos ciudadanos en organismos públicos para el diseño y reorientación de políticas públicas”⁸Gamboa Montejano C. y García San Vicente M., Democracia Directa: Referendum, previscito e iniciativa popular. Estudio de las iniciativas presentadas sobre el tema en el primer año de ejercicio de la LX Legislatura, Reformas de Estado y Opiniones especializadas. En: http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SPI-ISS-26-07.pdf, ofrecen una complejidad mayor en su operación, pues a pesar de que la tecnología a través del gobierno abierto, ha facilitado los procesos de solicitud, trámite y número de solicitantes para hacer procedente la consulta; la resolución de la autoridad administrativa aún se mantiene en la opacidad, lo que aleja a los ciudadanos a recurrir a estas formas de participación y expresión colectiva.

Por ello, es indispensable contar con normas claras que establezcan las pautas para lograr que los agentes que intervienen en el Estado (gobierno-sociedad) cumplan o realicen la conducta ordenada o mandatada. Como lo establece Recanses Siches “los fines de la norma suelen expresarse en una forma imperativa, que señala la obligatoridad de determinadas conductas, y que atribuye obligaciones y facultades recíprocas a los varios sujetos”⁹Recanses Siches, Introducción al estudio del Derecho, pp. 122.. 

Así, este capítulo presenta un análisis comparativo del marco legal estatal sobre participación ciudadana en México, a fin de evaluar el estado en el que se encuentran las iniciativas de ley centradas en promover la ciudadanización de los asuntos públicos e identificar si existen nuevas propuestas de mecanismos que promuevan la participación ciudadana.

Desarrollo 

Al finalizar el siglo pasado, la crisis de democracia latente en muchos países, se viralizó con la disminución de la confianza en las instituciones y en el sistema político de representación, por lo que se retomó –en discurso– la participación ciudadana como una cura a los problemas que deslegitiman al gobierno y sus instituciones. Esta necesidad por fortalecer la calidad de las instituciones, se subsanó mediante medidas de buen gobierno que pretendían abrir espacios para que las demandas de la sociedad fueran escuchadas y atendidas, lo cual propició la creación de mecanismos de participación cuyo objetivo era abrir un espacio de oportundiad para que la sociedad pudiera influir en las decisiones del gobierno de forma abierta e informada. 

En este sentido Serrano10, señala que, “la participación ciudadana no aparece mágicamente en un régimen democrático, ya que el Estado debe construir las condiciones que permitan efectivizarla”. Para este autor, “todo sistema político necesita cuatro requisitos” para lograr consolidar la participación ciudadana:

1. El respeto de las garantías individuales.
2. Los canales institucionales y marcos jurídicos.
3. La información.
4. La confianza por parte de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas”¹⁰Ibídem. 

Bajo la premisa de estos cuatro requisitos, se atiende por una parte, la obligación del gobierno de informar y justificar sus decisiones y por la otra, la obligación de los ciudadanos por mantenerse informados sobre los asuntos de interés público¹¹Schedler, Andreas, ¿Qué es la rendición de cuentas?. Pp. 2-18.. Así, la participación ciudadana no tiene una ruta trazada pues no existe nada que obligue a los ciudadanos a poner manos a la obra frente a una situación de interés colectivo. Sin embargo, en una democracia como la que vivimos, la representación y la participación no pueden concebirse de modo aislado. 

La participación es una forma de controlar el poder, mismo que se otorga a los representantes. El reto principal es vencer el desinterés y la apatía de los ciudadanos a participar. Merino, explica que 

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