Lizzette Juárez Baez | Profesora Investigadora ICGDE BUAP-IAP, AC.

La opacidad y la corrupción son males que aquejan a México de manera agresiva. Más allá de las estadísticas y los indicadores, ambos problemas han producido una notoria metástasis que, al combinarse con otras falencias de Estado, reducen las áreas de oportunidad que tiene el país en términos de justicia social. 

Tanto la opacidad como la corrupción tienen rasgos que se complementan en la actividad pública y en esa sinergia, generan fortalezas aún mayores de las cuales se sirven para retroalimentarse en una constante que envilece la vida del Estado.

A continuación, se presentan algunos de los rasgos que la opacidad y la corrupción exhiben en términos de complementariedad, en distintas facetas de la administración pública, ya sea en el ámbito federal como en el estatal y el municipal.

Como se verá, tales rasgos tienen como característica común el que la sociedad de la que todos formamos parte, transita en una curiosa conducta que le permite denunciar con energía lo que le afecta, al tiempo que consiente pasiva o activamente a distintas conductas que fortalecen al binomio opacidad-corrupción.

Dicho de otra manera: nosotros mismos, los integrantes de la sociedad, somos permisivos con los males que afectan a la transparencia y la rendición de cuentas, en un tránsito continuo que va desde la indiferencia hasta la aceptación de las “malas prácticas”, ya sea por conveniencia y en no pocas ocasiones, por un rebase institucional.

Entiéndase por rebase institucional, cuando un ente, ya sea del poder Ejecutivo (administración pública), el Judicial o el Legislativo, han construido un andamiaje que sugiere al hecho corrupto u opaco, ya sea por un diseño institucional fallido, negligencia, omisión o, una evidente conducta focalizada a obtener beneficios ajenos a la ley.

Los rasgos complementarios de la opacidad y la corrupción

En México, la opacidad y la corrupción suelen transitar juntas, acaso paralelas, pero casi siempre en condiciones que les permiten complementarse y regenerar sus deficiencias, con el propósito de preservar un doble propósito:

• Por una parte, obtener ganancias ilícitas a partir de un comportamiento sindicado
• Y, por otra, mantener en las mejores condiciones posibles, la apariencia de un cumplimiento normativo, al menos, superficialmente satisfactorio.

Entiéndase por comportamiento sindicado, la acción de varias personas que pueden o no trabajar en la administración pública (inclusive, pueden ser particulares) y cuyo propósito es ir apoyándose a lo largo de un trámite o procedimiento, a efecto de obtener un beneficio que no siempre es económico.

Seguramente, la parte más interesante del comportamiento sindicado es que los participantes en él, no necesariamente tienen que conocerse, sino que, al recibir un beneficio por su participación, dan por descontado que los demás involucrados entienden lo que deben hacer.

Igualmente, importante es el tema del cumplimiento normativo en apariencia satisfactorio, ya que el propósito se refiere a producir evidencias que hagan parecer cumplido dicho trámite o procedimiento, de acuerdo a la experiencia de uno o varios de los involucrados en el comportamiento sindicado.

El cumplimiento normativo en apariencia es la producción de evidencias que, bajo una mirada superficial permitan establecer que se han cumplido con los requisitos que se marcan para determinado trámite o procedimiento.

Cumplir en apariencia requiere de un conocimiento razonable del marco jurídico y de lo procedimental, de tal suerte que, a los ojos de un supervisor, se observe que, en la superficie, lo que se presenta tiene apariencia de verdad.

Es de entenderse que, dependiendo de la magnitud del trámite o procedimiento será el nivel de conocimiento jurídico y procedimental que los participantes deberán tener para generar tales apariencias, por lo que podría inferirse que, a mayor complejidad en los términos de cumplimiento, mayor riesgo y mayor recompensa.

El “coyote”, emblema del conflicto

En México, la figura legendaria del “coyote” es una representación en miniatura del comportamiento sindicado y la apariencia de cumplimiento procedimental. 

Este personaje requiere de un conocimiento nítido de todos los roles que juegan los actores involucrados en el procedimiento, independientemente de que éstos se conozcan. Más lejos, su conocimiento de los roles que desempeñan los participantes le da la ventaja de poder trabajar sin que importe cuantas veces se cambie de actor para un procedimiento.

Por otra parte, la repetibilidad del procedimiento le genera una curva de aprendizaje tal, que puede identificar con facilidad cuáles son los puntos de verificación en los que los supervisores suelen enfatizar sus observaciones, por lo que el “coyote” puede pronosticar si un trabajo específico que le encomienden, será aprobado o desaprobado.

El “coyote” deambula sin dificultad entre la opacidad y la corrupción, por dos características complementarias y fácticas:

• La opacidad requiere de un constructo institucional a partir del cual pueda existir y como es lógico, cada ente que compone al Estado tiene un conjunto de prácticas y normas que han sido diseñadas para ser cumplidas, lo que en automático señala que han sido construidas para ser burladas, evadidas y en el mejor de los casos, parcialmente cumplidas.
• La corrupción no solamente se mueve en el ámbito de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sino en lo privado, lo que construye una obviedad: la corrupción anida naturalmente en lo público, pero perdería sentido si no existiera un particular que la alimentara.

Al juntarse la opacidad con la corrupción, el constructo institucional ofrece las prácticas y normas que, al menos en el papel deben de cumplirse, al tiempo que hay un conjunto de servidores públicos y particulares que ensamblan sus actividades con el propósito de obtener un bien, burlando la ley.

En todo lo anterior, se dan cita cuatro factores que propulsan la opacidad y la corrupción, siendo uno de ellos, claramente atribuible al individuo que persigue un propósito particular o privado y, los tres restantes, que forman parte del constructo institucional:

• En lo endógeno, el principal punto es el interés por obtener un permiso, una licencia, la consolidación de un trámite ante una autoridad.
• En lo exógeno, es crucial la relación entre el trámite a solventar y la importancia que tenga para la persona que lo pretende llevar a cabo. 
• El segundo punto exógeno a considerar es la complejidad del trámite. A mayor complejidad, la persona que pretende lograrlo, se sentirá más presionada para solicitar que alguien le ahorre lo farragoso del proceso.
• Y, el tercer punto exógeno, es la certeza que se tenga, de salir impune del proceso. Es un hecho que, a menor probabilidad de esclarecimiento de una práctica corrupta, mayores serán los incentivos para cometerla.

Estos factores se aceleran o ralentizan dependiendo de las acciones que el Estado emprenda en dos lógicas complementarias:

• Primera, desalentar las prácticas de opacidad y corrupción, tanto por el empleo de sanciones como por el esclarecimiento de los hechos que involucren a aquellas. Esta acción requiere de un monitoreo cuidadoso y sistemático de las prácticas públicas, de tal forma que sea sencillo trazar una cadena de custodia de los trámites emprendidos.
• Y segunda, trabajando en la mejora regulatoria, ya que innumerables trámites podrían dejar de ser rentables en términos de corrupción, si se facilitaran los procesos internos de tal forma que el interesado se percate que carece de sentido una propuesta fáctica de solución a su trámite, justamente por la sencillez y facilidad para realizar el mismo.

Si una de éstas dos lógicas llega a faltar en la acción de gobierno, se producirá un efecto claramente indeseable, a saber:

• Si no hay un aparato que desaliente las prácticas de opacidad y corrupción por medio de investigaciones jurídica y metodológicamente sus-tentadas, se dará rienda suelta para la impunidad, que es uno de los motores de la corrupción.
• En sentido inverso, si no se busca adelgazar la tramitología oficial, se orilla a que los distintos usuarios intenten burlas esas barreras normativas para poder cumplir con el procedimiento correspondiente, pudiendo generar ciclos negativos que están a un paso de obligar a vivir en la irregularidad para intentar cumplir con obligaciones específicas.

Luego entonces, puede considerarse que la opacidad y la corrupción deben combatirse en forma simultánea, pero, además uniendo los esfuerzos por sancionar a quienes obtengan provecho de aquellas, con la reducción de la carga burocrática que afecta a la sociedad.

La solución, en permanente calibración

La carga burocrática que la sociedad debe cubrir requiere de una constante calibración, dada la obviedad de que los ciudadanos no tienen por qué cubrir las ineficiencias producidas en los tres poderes y los tres órdenes.

Por otra parte, es imperativo trabajar de tal forma que no se confunda al cumplimiento normativo con la satisfacción verdadera de una necesidad pública. 

El pedirle docenas de documentos a una persona que quiere abrir un negocio, no supone de manera alguna que realmente cumple con la ley; solo está demostrando que cumplió con los requisitos, que no es lo mismo.

Satisfacer las necesidades públicas vía el cumplimiento de distintos trámites, va más allá de llenar formatos, hacer pagos y entregar documentos oficiales de variada índole: un trámite debe inscribirse en la necesidad que la autoridad tiene para que un particular haga algo en cumplimiento con la ley.

Pero este cumplimiento de ley debe entenderse en dos formas: primera, que el particular no viola una ley que es crucial en lo que “pretende hacer” y, segunda, que la obtención de lo que “pretende hacer” no sea un puente directo a la búsqueda de “coyotes” e intermediarios, por lo ilegible o complicado del trámite.

Por otra parte, es imprescindible que el usuario efectivamente tenga las habilidades que el trámite le demanda, de lo contrario, se dan de nueva cuenta las condiciones para que opte por buscar a alguien que le solucione el problema.

Habrá que aceptar que hubo un momento en el cumplimiento de ley en México, que se optó por la simulación mutua del Estado y el individuo: el primero, dice preservar al Estado de Derecho y el segundo, dice cumplirlo, aunque en el fondo, ambos saben que todo es negociable. Y ese fue el principio del caos.

La transparencia y la rendición de cuentas son componentes imprescindibles en cualquier Estado democrático que busque construir ciudadanías robustas, responsables y dispuestas a cumplir con el marco de ley.

Si el Estado se empeña en enrarecer el campo regulatorio para incrementar su recaudación y simultáneamente controlar cada movimiento de sus ciudadanos, la carga burocrática será cada vez mayor y se darán áreas de oportunidad más amplias para producir campos de opacidad y de corrupción, no de competitividad y prosperidad.

México está llamado a crecer, pese a un mundo de desigualdades. La opacidad y la corrupción permiten que ese territorio se incremente; sin embargo, es menester colectivo reducir dicho margen de movimiento a los lastres que van más allá de cualquier identidad política. 

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