Las candidaturas independientes: una alternativa democrática desde la sociedad civil

José A. Cisneros Tiradoy Melva G. Navarro Sequeira | Profesores-Investigadores de Tiempo Completo del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la BUAP.

1. Aproximaciones teóricas sobre las candidaturas independientes

De acuerdo a Duverger, los gobiernos son oligárquicos por naturaleza, pero el origen de los oligarcas, su formación y aquello que determina sus acciones puede ser muy diferente. Para Serra (2014), no obstante, la evolución de los sistemas de gobierno y el actual desarrollo contemporáneo de los partidos políticos, demuestra una transformación de la construcción de gobiernos liderados por el pueblo, hacia estructuras gubernamentales desde las élites hacia el pueblo. De acuerdo a este autor, la naturaleza elitista de los gobiernos actuales, no implica necesariamente el establecimiento de gobiernos autoritarios y antidemocráticos, sino que determina la búsqueda de una mayor democratización, entendiendo ésta como el desarrollo de las condiciones para proteger y garantizar las condiciones que validen y hagan efectiva la participación ciudadana. Un ejemplo de ello, lo encontramos en el surgimiento de las candidaturas independientes (Serra, 2014).

Las candidaturas independientes se constituyen como un tipo de candidatura electoral, y son concebidas como una modalidad electiva establecida por determinados sistemas jurídicos, donde los ciudadanos pueden presentarse ante los electores como una opción a un cargo de elección popular, sin necesidad de contar con el respaldo de un partido político (Cienfuegos & Islas, 2004). Por candidatura independiente, en sentido restringido, entendemos la forma de participación ciudadana mediante la cual se concurre a un proceso electoral con el objetivo de obtener el voto popular para ocupar un cargo público, sin el respaldo de partido político alguno (Lagunes & Arellanes, 2016).

Los candidatos independientes, con base en la literatura, pueden surgir a partir de cinco diversos caminos; en primer lugar, debido a la consolidación de la democracia en un estado, expresada ésta como la disposición de los votantes a rechazar candidatos autoritarios o de partidos históricamente dominantes. En segundo lugar, el apoyo se explica por la pérdida de credibilidad que tienen los partidos políticos, como parte de una crisis generalizada por parte de estas organizaciones a nivel mundial. La tercera opción, se explica del surgimiento de actores políticos que se muestran en contra de los sistemas económicos neoliberales, como es el caso de diversos presidentes en Latinoamérica desde fines de la década de los noventa. En cuarto lugar, los candidatos independientes surgen debido a la falta de funcionarios que den respuesta a las necesidades de los ciudadanos, así como una marcada falta de deliberación y comunicación entre los partidos políticos, sus plataformas y las voces de la ciudadanía, como agentes de cambio y partícipes dentro de su propio desarrollo (Aldrich, 1995; Dahl, 1971; Lijphart, 1990; Lipset, 2000; Mair, 2007; Przeworski, 1991; Sartori, 1976; Stokes, 1999).

Los candidatos independientes se consideran en su mayoría outsiders políticos, es decir, personas que lideran movimientos sociales anti-sistémicos ajenos a los partidos tradicionales. No obstante, dichos candidatos también pueden provenir de organismos políticos que les negaron la oportunidad de alcanzar sus aspiraciones electorales o que buscan otra opción ideológica en su lucha por llegar al poder. Con base en lo expuesto por Barr (2009), un outsider es alguien que obtiene una prominencia política de forma independiente a un partido establecido y competitivo, pero también es un actor que lidera una nueva asociación o movimiento social que lo catapulta dentro de la arena política.

Como se mencionó, un candidato independiente también podría tratarse de un político de carrera, es decir un insider, que busca llegar al poder al desarrollar una estructura ajena al partido político dentro del cual se había desarrollado. Estos personajes se convierten en disidentes o desertores de su partido y se generan por una gran diversidad de circunstancias. Sin embargo, de acuerdo a Mainwaring (2006), estos actores a menudo cambian radicalmente sus posturas respecto a las plataformas de sus partidos de origen, generalmente encabezando programas supuestamente más progresistas y que buscan redundar en liderar un “cambio social” (Mainwaring, 2006).

Al examinar más de cerca esta tipología, la realidad suele presentar casos más complejos. Por ejemplo, Luiz Inácio Lula da Silva (Lula), podía ser considerado un outsider la primera vez que compitió por la presidencia de Brasil en 1989, representando al sector minero habiendo surgido desde la base. No obstante, este político podría ser considerado fácilmente un insider cuando finalmente llega al poder en 2002. Durante su mandato, Lula mantuvo una postura socialmente progresista pero una agenda económica internacional mucho más ortodoxa (Giaccaglia, 2010).

Por otra parte, Carreras (2012), ofrece una tipología basada en la experiencia política y los vínculos que los candidatos hayan tenido con un partido establecido. Con ello, aquellos candidatos que hayan tenido una vasta carera previa en el medio político, así como vínculos previos con partidos establecidos, reciben el término insider. Los candidatos que provienen de partidos establecidos, pero no tienen una carrera política son denominados por Carreras (2012) como amateurs. Los contendientes que compiten por partidos de reciente creación, pero que cuentan previa experiencia en la política, o una afiliación anterior se les llaman mavericks, esto es, que actúan como inconformes o disidentes respecto a los partidos que previamente abanderaban. Finalmente, los candidatos que no tienen experiencia política y son parte de un partido de reciente creación se les denominan outsiders totales (Carreras, 2012).

Un ejemplo de lo anterior sería Rafael Correa, presidente de Ecuador, considerado por Carreras como un outsider, dado que no se le consideraba parte de partido y su experiencia política se limitaba a fungir como ministro de finanzas durante cinco meses. No obstante, dicha experiencia le bastó para lanzar su campaña y a la postre alcanzar la presidencia en 2006. Por ello, es posible establecer que aplicar este tipo de taxonomías puede resultar un poco más complicado en la realidad (Carreras, 2012).

Más allá de una clasificación basada en la experiencia política y la pertenencia a un partido establecido, existen diversas ideas que racionalizan el surgimiento de candidatos independientes. En primer lugar, de acuerdo a Bunker y Navia (2013), el surgimiento de este tipo de candidaturas, pero sobre todo sus éxitos en elecciones abiertas, demuestran una mayor consolidación democrática, esto dado que los votantes eligen a personas surgidas de la sociedad civil sin importar que carezcan del respaldo institucional de un partido establecido (Bunker & Navia, 2013).

En segundo lugar, la transición e implementación de la democracia presupone una serie de elementos que inciden directamente en su calidad; en primer lugar encontramos los de tipo estructural, como son: las condiciones de desarrollo económico, la integración social y la cultura política; en segundo término están los aspectos institucionales necesarios para el desarrollo democrático: elecciones libres y justas, sufragio universal e inclusivo, libertad de información y organización, mecanismos para la rendición de cuentas y responsabilidad de los gobernantes, estado de derecho, acceso abierto y en términos claros y relativamente iguales a la actividad política para individuos y organizaciones (Levine & Molina, 2007).

“El surgimiento de candidaturas independientes ha generado también el señalamiento de tres temas potencialmente riesgosos para el desarrollo democrático”.

La idea del alejamiento de los partidos y la ciudadanía es compartida por diversos autores, entre ellos Ávila y Valdés (2018) quienes distinguen a los candidatos independientes como un subconjunto dentro de las candidaturas electorales y ellos los denominan candidatos no-partidarios. Estos autores precisan que no se debe confundir con el concepto de candidato ciudadano, simplemente por el hecho de no ser postulado por institutos políticos establecidos, esto dado que los partidos son organizaciones conformadas por la ciudadanía y sus militantes no pierden sus derechos políticos al fungir como sus abanderados (Ávila-Eggleton & Valdés, 2018).

El surgimiento de candidaturas independientes ha generado también el señalamiento de tres temas potencialmente riesgosos para el desarrollo democrático. En primer lugar, la fragmentación del voto, de tal forma, ante la posibilidad de un sinnúmero de opciones en la boleta, sea complicado que un candidato alcance una mayoría simple, o inclusive relativa en los comicios (Zuborova, Gorenc, & Mlakar, 2014).

En caso de que no existan límites al número de candidatos, sería complicado para el ciudadano el poder realizar una decisión informada sobre su voto debido a una posible saturación de propaganda electoral. Asimismo, la personalización de la política, puede suponer un profundo debilitamiento de los partidos políticos, mismos que todavía fungen como el único mecanismo de participación ciudadana en numerosos sistemas políticos en proceso de consolidación democrática (Ávila-Eggleton & Valdés, 2018).

Otro potencial riesgo de los independientes es la falta de transparencia sobre el financiamiento de las campañas políticas en caso de que cualquier persona pudiera ser votada. Si consideramos, por ejemplo, el problema endémico de narcotráfico que se sufre en Latinoamérica (Rosen & Zepeda, 2016), este constituye un riesgo profundamente relevante. El financiamiento de las campañas requiere de un preciso control para evitar poner a disposición el poder del estado en manos de particulares con una agenda diferente a la de los ciudadanos. Finalmente, se acusa a los candidatos independientes de carecer de la experiencia necesaria para administrar, gestionar, negociar e implementar políticas públicas ante un lógico desconocimiento de la operación interna de las instituciones que componen la estructura del estado (Ying, 2013).

No obstante, es justamente esta ausencia de interacción al interior del gobierno, lo que representa una ventaja ante los ojos de la ciudadanía, eso considerando una percepción negativa de lo que supone una larga trayectoria como funcionario público o como parte de un instituto político establecido. Consecuentemente, las candidaturas independientes vienen a ser una nueva posibilidad para los ciudadanos de participar activamente en la política, dado que los partidos políticos han perdido credibilidad y sobre todo por la falta de identificación con éstos debido a la insatisfacción respecto al desempeño de los representantes populares, quienes cumplen, en la mayoría de los casos, los designios de los líderes partidistas, pero pocas veces deliberan con sus votantes sobre los temas de relevancia nacional (Campos, 2014). A continuación, revisamos la evolución de las candidaturas independientes en México.

2. Las candidaturas independientes en México

Las candidaturas independientes se insertan en aspectos institucionales para el desarrollo democrático, ya que al incorporarlas al texto constitucional mexicano se busca una mayor participación de la ciudanía en la vida política del país, compartiendo, con los partidos políticos, el acceso a cargos de elección popular. Las candidaturas independientes son una opción más para los ciudadanos, aunque los partidos políticos continúan siendo centrales en el sistema político-electoral mexicano, pero ahora con un tinte distinto al del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que durante más de setenta años mantuvo una democracia defectuosa, para expresarlo con un término acuñado por Krennerich (Nohlen & Schultze, 2006).

México ha ido transformándose de un régimen presidencialista con un partido hegemónico, representado por el PRI, durante más de ochenta años, a una democracia de partidos, en donde no sólo existe una diversidad de ellos, sino que estos se han convertido en los actores más importantes en la lucha por el poder (Campos, 2014). Con ello, los ciudadanos han sido relegados de las decisiones públicas, ante la ausencia de una verdadera deliberación entre dichos institutos políticos y la ciudadanía. Es aquí donde reside la importancia de las candidaturas independientes, pues están llamadas a crear opciones reales para que los ciudadanos puedan influir en el poder político.

Las candidaturas en México, pero sobre todo la capacidad para votar y ser votado, tiene una larga historia en este país. Desde la consumación de la independencia a principios del siglo XIX, hasta el inicio de la lucha revolucionaria, las contiendas para ocupar cargos de elección popular eran desarrolladas por parte de individuos, haciendo valer su derecho a ser elegidos. Este derecho político ha sido sustentado desde la promulgación de las constituciones de 1824 y 1857, dado que estos códigos no hacían referencia alguna de los partidos políticos. Por lo tanto, la competencia por cargos públicos se llevaba a cabo por medio de diversos mecanismos. En primer lugar, el sufragio público, así como la elección indirecta en varios grados y la representación mayoritaria (Emmerich, 2005).

En 1911, con la promulgación de la Ley Electoral, denominada Ley Madero por haber sido promulgada precisamente por este líder revolucionario, fue reconocida y regulada la figura de los partidos políticos. Estos organismos se podían constituir al contar con al menos 100 ciudadanos, una junta directiva y un programa de gobierno, una asamblea y distritos electorales. Los partidos tenían derecho a postular candidatos para la elección de cargos populares; sin embargo, podían concurrir aspirantes independientes a los partidos políticos. Por lo tanto, existía la posibilidad, de contar con partidos políticos pero también con candidatos independientes, de registrar candidaturas y nombrar representantes ante los órganos electorales (Zovatto, 2008).

Por su parte, Venustiano Carranza promulgó en 1916 la Ley Electoral para la Formación del Congreso Constituyente, en la cual se les reconoció el derecho a nombrar representantes tanto a los partidos políticos como a los candidatos independientes. En la ley electoral del año siguiente (1917), de nuevo se incluyó a los partidos políticos, en un capítulo por medio del cual los mismos podían concurrir a los procesos electorales con candidatos propios, pero además, en estos procesos también se permitía contender a candidatos independientes (Zovatto, 2008).

En la Ley para la Elección de Poderes Federales del 2 de julio de 1918, siendo todavía presidente de la República Venustiano Carranza, se contemplaron candidatos independientes, denominados candidatos no dependientes de partidos políticos. En 1920, a través del decreto del 7 de julio, se reformó la Ley Electoral de julio de 1918, siendo presidente Adolfo de la Huerta, en la cual se utilizó por primera vez el término candidatos independientes. La Ley Electoral de 1918 es la última que toma en consideración a los candidatos independientes: en dicho ordenamiento se les reconocieron los mismos derechos otorgados a los candidatos de los partidos políticos, con la condición de estar apoyados cuando menos por 50 ciudadanos del distrito donde se postularan, debiendo constar la adhesión de los ciudadanos en un acta formal con la firma de cada uno de ellos (Campos, 2014).

Los candidatos independientes deberían contar un programa político, mismo que debían publicitar. El registro se tenía que hacer en los plazos establecidos por la legislación: en el caso de diputados, en la cabecera del distrito electoral, y para senadores en la capital del estado. Cabe resalar que durante el período comprendido entre 1918 y 1946 no encontramos disposiciones legales que se refieran expresamente a las candidaturas independientes, ya sea para permitirlas o para prohibirlas (Emmerich, 2005).

Podemos concluir de esta forma que durante el período comprendido entre 1918 y 1946 no encontramos disposiciones legales que se refieran expresamente a las candidaturas independientes, ya sea para permitirlas o para prohibirlas. Así, dichas candidaturas nunca fueron objeto de una sistematización, ni mucho menos fueron definidas en norma alguna, por lo cual solo eran enunciadas las cualidades que debían reunir quienes pretendieran ocupar un cargo de elección popular, apoyados por un partido político o bien en calidad de candidatos independientes. Es en la Ley Electoral Federal del 7 de enero de 1946, bajo la presidencia de Manuel Ávila Camacho, que se restringe el derecho a registrar candidatos independientes; en efecto, solamente se otorgó el derecho de registrar candidatos a cargos de elección popular a los partidos políticos, pues el segundo párrafo de su artículo 60 señalaba: “solamente los partidos políticos podrán registrar candidatos” (Ávila-Eggleton & Valdés, 2018).

El control del sistema sociopolítico mexicano desarrollado e implementado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante setenta años, fue capaz de aglutinar dentro de sus filas a la mayoría de los sectores productivos y sociales del país, al instalar un sistema presidencialista de partido único (Cienfuegos & Islas, 2004). Este instituto político controlaba la totalidad del gobierno y fungía como mecanismo para el manejo, distribución y control de los recursos del estado hacia los diversos sectores y regiones del país. Todo tipo de negociación, inclusión política, representación y deliberación se llevaba a cabo dentro de la estructura del partido. De tal forma, las elecciones se convertían en un mecanismo de legitimización interno y externo para la continuidad del PRI en el gobierno (Hernández-Rodríguez, 1994).

“Durante el período 1997-2000, las reformas políticas estuvieron limitadas a regular las condiciones de acceso a la contienda en las urnas”.

En la elección presidencial de 1976, el nombre de José López Portillo, candidato del Partido Revolucionario Institucional, apareció como la única opción en la boleta electoral. No obstante, desde 1946, las boletas electorales ya contaban con un espacio para que los ciudadanos anotaran otra opción diferente, por lo que el nombre del candidato del Partido Comunista Mexicano, Valentín Campa, pudo ser anotado en los sufragios a pesar de que su partido no contaba con un registro legal. Este hecho sentó un precedente en la historia de las candidaturas anti-sistémicas en México (Paoli-Bolio, 1979).

La presencia política de la oposición mantuvo un rol primordialmente marginal hasta finales de la década de los ochenta, específicamente en términos de victorias electorales a nivel estatal y federal. Campos (2014) señala que en el año de 1977 México comienza su proceso de transición política, mismo que ha tenido diversos momentos de ajustes y reformas, tanto legales como constitucionales. Durante los años comprendidos entre 1977 y 1996, se llevaron a cabo reformas políticas orientadas a lograr que en las elecciones existiera una verdadera competencia entre las diversas fuerzas políticas. De tal forma, se buscó establecer mecanismos para la asignación de recursos para los partidos en forma de prerrogativas, esto para regular el origen y montos obtenidos por cada instituto político. En segundo lugar, se busca alcanzar una paulatina judicialización de los procesos electorales, así como la creación y fortalecimiento de los organismos electorales con la finalidad de desarrollar y llevar a cabo los comicios (Cienfuegos & Islas, 2004).

Durante el período 1997-2000, las reformas políticas estuvieron limitadas a regular las condiciones de acceso a la contienda en las urnas. A lo largo de esta etapa se presentan diversos eventos relevantes para la democracia mexicana. El 25 de octubre de 1998, María del Rosario Elizondo Salinas, fue elegida como Presidenta Municipal del municipio de Santander Jiménez, en el Estado de Tamaulipas. Elizondo pidió a sus simpatizantes que anotaran su nombre en la boleta, al ser una candidata no registrada y obtuvo 1890 votos, superando a los 1743 del Partido Revolucionario Institucional. A pesar de que el PRI buscó impugnar la elección, el Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas reconoció la voluntad popular y refrendó la elección de Elizondo como independiente¹.

En las elecciones federales para integrar la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados (1997-2000), el PRI perdió por primera vez la mayoría absoluta al obtener solamente 239 curules de un total de 500. En segundo lugar, la elección presidencial del año 2000, misma que fue ganada por el candidato del pan, Vicente Fox Quesada, lo que implicó un cambio de rol por parte del PRI, dejando de ser partido oficial para convertirse por vez primera, en partido de oposición (Campos, 2014).

Un caso de gran relevancia en México, por sus implicaciones, fue el de Jorge Castañeda, quien buscó contender como independiente en las elecciones presidenciales de 2006. El excanciller Castañeda solicitó en 2005 su registro como candidato independiente, mismo que fue denegado por el Instituto Federal Electoral, dado que ésta era una facultad reservada para los partidos políticos. Castañeda solicitó la protección de sus derechos políticos ante la Suprema Corte de Justicia, pero este órgano declaró que no el tema no era de su competencia al ser un tema electoral. Ante esta situación, Castañeda llevó su caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde obtuvo el reconocimiento de que sus derechos políticos eran violados al no permitirle ser votado de forma independiente, es decir al no estar afiliado a un partido político. Cabe aclarar, sin embargo, que si bien la Corte Interamericana no condenó directamente a México, sí consideró necesario que se incluyeran previsiones que permitieran a los ciudadanos de forma independiente. Este caso impulsó el surgimiento y dio un sustento internacional a la postulación de candidatos independientes².

De tal forma, a partir de 2012, gracias a una reforma constitucional, es posible que un candidato independiente se postule a cualquier cargo de elección popular. Posteriormente, en 2014, se promulga La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE)³, en su artículo 7 permite el derecho para que los ciudadanos sean votados para todos los puestos de elección popular, específicamente para competir por la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados y el Senado, pero reserva el establecimiento de los mecanismos y lineamientos para todos los cargos a nivel subnacional a las legislaturas estatales. Esta ley también establece la cantidad de firmas requeridas y su validación, para poder competir como candidato independiente a nivel federal.

Como parte de las reformas antes mencionadas, así como de los procesos de competencia electoral de México, podemos observar que las candidaturas independientes se introducen al sistema electoral en el ámbito local y posteriormente en el federal. Este proceso se desencadena después de haber sido un tema recurrente en las dos últimas décadas, tanto en el ámbito jurisdiccional como en el legislativo; y ello, por un lado, ha sido posible al resolver las controversias suscitadas por el registro de candidatos independientes a puestos de elección popular. Por otra parte, se ha avanzado en legislar sobre la normatividad estatal y federal en la materia. Fue así como el órgano revisor de la Constitución, a través de las reformas constitucionales llevadas a cabo en 2012 y 2013, introdujo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las candidaturas independientes, en los ámbitos federal y local, respectivamente (Emmerich, 2005).

México ha ido transformándose de un régimen de partido hegemónico, representado por el PRI, a una democracia de partidos, en donde no solo existe una diversidad de partidos políticos, sino que estos, a través de los años, se han convertido en los actores más importantes en la lucha por el poder. Con ello, los ciudadanos han sido relegados de las decisiones públicas, al grado de ser (antes de 2012 y 2013) los partidos políticos los únicos que podían postular candidatos a cargos de elección popular. De ahí la importancia de las candidaturas independientes, pues están llamadas a crear opciones reales para que los ciudadanos puedan influir en el poder político.

Un caso trascendente en el imaginario reciente del país, lo representa el joven José Pedro Kumamoto Aguilar, quien representa a un outsider completo, de acuerdo a la taxonomía presentada por Carreras (2012). Kumamoto, con tan solo 25 años de edad, se convirtió en el primer diputado independiente en la historia de Jalisco. Este joven político logró obtener más de 7 mil firmas en su natal Zapopan, realizando una campaña de puerta en puerta y con difusión en redes sociales. El costo total de la campaña fue de 249 mil pesos, lo cual le sirvió para ganar más de 50 mil votos en el proceso electoral. Al poco tiempo de ser elegido, Kumamoto presentó la iniciativa #SinVotoNoHayDinero, con la idea de cambiar la fórmula para la distribución de recursos públicos a los partidos, partiendo del número de votos, no del total del padrón electoral. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la constitucionalidad de la reducción hasta en un 60% en el financiamiento a los partidos políticos⁴.

Actualmente, Kumamoto logró reunir las 130 mil firmas necesarias y contenderá por un puesto en el Senado de República. El día 20 de febrero del 2018, el Instituto Nacional Electoral validó que Kumamoto había cumplido con dicho requisito, que representa al menos dos por ciento del padrón electoral, así como de la dispersión territorial del apoyo en al menos 10 de los distrititos del Estado de Jalisco. Kumamoto obtuvo apoyo en 13 de los distritos y recabó al menos una firma en los 125 municipios de dicha entidad federativa. El Consejo del Instituto Nacional Electoral les otorgó dicho aval para que Kumamoto pueda realizar su solicitud de registro como candidato independiente, siempre y cuando cumpla las obligaciones de fiscalización en sus gastos de campaña⁵.

2.1 El Estado de Puebla

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantuvo el control político de este estado desde la revolución hasta 1995, primera vez que el Partido Acción Nacional, logró ganar la alcaldía de la capital poblana, la ciudad de Puebla. No obstante, el PRI mantuvo el control de la gubernatura hasta 2010, cuando una coalición pudo finalmente derrotar al viejo hegemón en dicha entidad. Cabe resaltar que dicha agrupación reúne a partidos con plataformas políticas opuestas, como lo son el PRD, de corte centro-izquierda y al PAN, históricamente vinculada a los cuadros más conservativos de la sociedad. Asimismo, dicha coalición fue dirigida en 2010 por un político con una vasta historia personal y familiar unida al PRI, Rafael Moreno Valle, homónimo y nieto del exgobernador de la entidad poblana (1969-1972). Moreno Valle Rosas, candidato de la coalición en 2010 se separó del PRI en 2006, cuando se afilia al PAN, debido a que el Revolucionario Institucional le negó una candidatura al Senado de la República. (Reynoso, 2011).

Es en este contexto, dentro de una entidad federativa que estuvo profundamente dominada por un solo partido, que surgen los independientes entrevistados para este trabajo de investigación. Con base en el marco teórico antes presentado, se construyeron 15 categorías que fueron comentadas y preguntadas a los aspirantes, éstas las podemos ver en la tabla 1.

2.2 Los entrevistados y sus respuestas

Para este capítulo se entrevistaron a dos aspirantes independientes, ambos del partido independiente SUMAMOS⁶. En primer lugar, Armando Pliego Ishikawa, de 25 años, egresado de la carrera en Ciencias de la Comunicación por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y estudiante de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 2012 comenzó a involucrarse en la política al haber participado en el movimiento #YoSoy132 y a partir de su experiencia abandonó la licenciatura en Física para estudiar comunicación en 2013. Pliego es actualmente consejero ciudadano en temas de movilidad en la Ciudad de Puebla y como parte de SUMAMOS, fue aspirante para una diputación federal por el distrito 16 de Puebla pero no logró reunir las firmas necesarias en el periodo establecido.

Nuestro segundo entrevistado fue el Dr. Enrique Cárdenas Sánchez, aspirante a la gubernatura de Puebla. Cárdenas es economista egresado del ITAM, realizó sus estudios de Maestría y Doctorado en Yale. Es mejor conocido por su labor como rector de la Universidad de las Américas, Puebla (1985-2001), una de las principales universidades privadas del país. Cárdenas tiene una amplia trayectoria académica, ha sido profesor visitante en diversas universidades, es parte del Sistema Nacional de Investigadores, dirige el Centro de Estudios Espinosa Yglesias A.C, y es miembro de la junta de gobierno del Colegio de México⁷. A continuación se muestran las respuestas proporcionadas por los aspirantes con base en las categorías antes mencionadas.

3. Conclusiones

Las candidaturas independientes representan todavía un elemento muy reciente dentro del sistema político mexicano, no obstante, al entrevistar a ambos aspirantes pudimos confirmar que los outsiders políticos surgen de una aspiración de la sociedad civil a ser tomada en cuenta para poder decidir sobre su futuro, a través de su inclusión en el gobierno. Queda claro también que estas experiencias buscan romper con el monopolio de poder por parte de los partidos tradicionales, pero también que los ciudadanos esperan más de éstos, que los independientes no representan per sé un enemigo o un obstáculo, sino que cristalizan una sólida exigencia para que estos institutos políticos mejoren y cumplan con su misión de existir, el ofrecer candidatos mejor preparados para responder a las necesidades de la sociedad.

Queda mucho camino por avanzar rumbo a la consolidación de la democracia en México, de tal forma, hay temas pendientes respecto a mejorar los mecanismos y dinámicas

institucionales para reglamentar su participación e inclusión en la boleta electoral, no obstante, el surgimiento de estas nuevas voces simboliza la aspiración de la sociedad para participar en la deliberación respecto al rumbo y acción del gobierno, exigiendo que éste cumpla su parte del trato establecido en el contrato social. Este capítulo busca finalmente, contribuir en el estudio de este nuevo fenómeno sociopolítico desde un estudio acotado a una sola entidad federativa, por lo tanto, se requiere recopilar una mayor cantidad de voces para profundizar en el estudio de este tema.

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